La Generalitat Valenciana ha activado una de las operaciones de vivienda asequible más relevantes de la legislatura en El Puig de Santa Maria, donde se desarrollarán 309 viviendas de protección pública gracias a la adjudicación de tres parcelas municipales a distintas promotoras privadas. De ese total, 72 viviendas pasarán a ser de titularidad pública, incorporándose al parque de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHa) mediante la fórmula de permuta a cambio de obra, un mecanismo que permite a la administración recibir viviendas ya construidas como compensación por los terrenos cedidos.
La operación, valorada en 8,6 millones de euros, refuerza la estrategia autonómica de ampliar la oferta de alquiler asequible y facilitar el acceso a vivienda protegida en municipios con alta demanda residencial.
Tres solares, tres proyectos y un mismo objetivo: vivienda asequible
El primero de los solares adjudicados se sitúa en la calle Rodríguez de Trujillo. La empresa At Espacios, vinculada a Grupo Ática y Atitlan, desarrollará allí un conjunto residencial de 132 viviendas, de las cuales 30 se destinarán al parque público. El valor de estas viviendas asciende a 3,67 millones de euros.
En la calle Max Aub, la segunda parcela ha sido asignada a Crossmar Castellón, perteneciente al Xiob Grup. Este proyecto contempla la construcción de 99 viviendas, con 26 de ellas —valoradas en 2,9 millones de euros— destinadas a la EVHa.
El tercer solar, también en Max Aub, lo desarrollará Fomento Vivienda Asequible, empresa igualmente vinculada a Ática y Atitlan. Allí se edificarán 78 viviendas, de las que 16 pasarán a manos de la Generalitat, con un valor estimado de 2,06 millones de euros.
Las tres parcelas fueron cedidas por el Ayuntamiento de El Puig para integrarse en el Plan Vive Comunitat Valenciana, la iniciativa autonómica que busca movilizar suelo público —tanto municipal como autonómico— con el objetivo de impulsar 10.000 viviendas de protección pública durante la legislatura.
Un modelo que acelera la respuesta pública
La permuta a cambio de obra se ha consolidado como una herramienta eficaz para ampliar el parque público de vivienda sin ralentizar los tiempos de ejecución. Las promotoras asumen la construcción completa y la Generalitat recibe viviendas terminadas, listas para destinarse a alquiler asequible y programas de acceso protegido.
Este modelo permite que los municipios con alta demanda residencial, como El Puig, puedan ofrecer alternativas reales a precios moderados, especialmente para jóvenes, familias y personas mayores.
Vivienda pública para que nadie tenga que marcharse
La construcción de 309 viviendas de protección pública en El Puig supone un salto cualitativo en la capacidad del municipio para ofrecer vivienda asequible y planificar su crecimiento de forma equilibrada. Pero el impacto social más inmediato lo representan las 72 viviendas públicas que la Generalitat incorporará a su parque residencial: hogares protegidos que garantizarán que los vecinos y vecinas del municipio no tengan que abandonar su pueblo por falta de opciones asequibles.
En un contexto de precios al alza y dificultades para acceder a una vivienda digna, estas 72 viviendas públicas se convierten en una herramienta esencial para que los jóvenes puedan emanciparse, las familias encuentren estabilidad y las personas mayores permanezcan cerca de su entorno, sin verse obligadas a desplazarse a otras localidades.
Las 309 viviendas proyectadas permitirán diversificar la oferta residencial y atraer nueva población, mientras que las 72 viviendas públicas asegurarán que El Puig siga siendo un municipio accesible, cohesionado y con futuro, donde la vivienda no sea un obstáculo sino un derecho. La Generalitat y el Ayuntamiento refuerzan así una política que protege la vida cotidiana, la proximidad y la identidad del municipio. Porque construir vivienda pública no es solo urbanismo: es defender que la gente pueda seguir viviendo donde siempre ha vivido.
