Durante años se nos ha repetido el mismo mensaje: hay que facilitar el acceso a la vivienda, ayudar a los jóvenes a emanciparse y ofrecer soluciones reales a las familias que no pueden asumir los precios del mercado libre. Bajo ese paraguas nació el Plan Vive, un programa que, sobre el papel, debía impulsar la construcción de vivienda protegida y asequible aprovechando suelo público cedido por los municipios.
En El Puig, el Ayuntamiento cedió parcelas municipales, terrenos que pertenecían a todos los vecinos, para que la Generalitat desarrollara promociones de vivienda protegida. Posteriormente, la administración autonómica adjudicó la construcción a varias promotoras privadas. La teoría parecía impecable: suelo público para crear viviendas accesibles y ayudar a quienes tienen más dificultades para comprar una casa.
El problema llega cuando se conocen los precios.
Porque cuesta entender cómo puede calificarse de «asequible» una vivienda protegida que ronda los 274.000 euros y que, con impuestos, gastos de compraventa, mobiliario y posibles mejoras, puede acercarse o incluso superar los 300.000 euros de desembolso real para muchas familias.
La pregunta surge de forma inevitable: ¿es esto realmente vivienda protegida o simplemente vivienda nueva con una etiqueta diferente?
Si observamos el mercado inmobiliario de la comarca, los precios de algunas de estas viviendas empiezan a situarse peligrosamente cerca de determinadas promociones de venta libre. Es cierto que incluyen garaje, trastero, piscina, zonas comunes y una elevada eficiencia energética. Nadie discute la calidad del proyecto. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es si una vivienda protegida debe medirse por sus prestaciones o por su capacidad real para resolver un problema social.
Porque la finalidad de la vivienda protegida nunca ha sido competir con promociones privadas de gama media. Su razón de ser es ofrecer oportunidades a quienes no pueden acceder al mercado convencional.
Y ahí es donde aparecen las dudas.
¿Cómo puede emanciparse un joven con salarios que, en muchos casos, apenas superan los 1.200 o 1.500 euros mensuales? ¿Qué pareja joven puede asumir una hipoteca cercana o superior a los 1.000 euros al mes, además de los suministros, seguros, comunidad y resto de gastos habituales? ¿Qué ahorro previo necesita una familia para reunir la entrada, impuestos y gastos asociados a una vivienda que puede rozar los 300.000 euros?
La realidad económica de la juventud española es la que es. La edad media de emancipación supera con creces los 30 años. Los contratos temporales continúan siendo una realidad para miles de trabajadores y el acceso a la financiación bancaria es cada vez más exigente. En ese contexto, presentar viviendas de un dormitorio que se acercan a los 200.000 euros como una solución para el acceso a la vivienda genera, cuanto menos, perplejidad.
Resulta difícil explicar a un joven que vive con sus padres porque no puede permitirse alquilar que la respuesta a su problema pasa por comprar una vivienda protegida de más de 160.000 euros si solo tiene una habitación, o de casi 275.000 euros si necesita espacio para formar una familia.
Pero más allá de los precios existe otra cuestión que merece reflexión.
Las parcelas sobre las que se levantarán estas viviendas no proceden de una operación privada. Son terrenos que pertenecían al patrimonio municipal. Terrenos que, en última instancia, eran de todos los vecinos de El Puig.
Por ello sorprende que, según la información difundida sobre los requisitos de acceso, no exista una prioridad clara para las personas empadronadas en el municipio.
Es difícil entender que un vecino de El Puig que lleva décadas viviendo, trabajando y pagando impuestos en la localidad pueda competir en igualdad de condiciones con solicitantes de cualquier otro punto de la Comunitat Valenciana para acceder a unas viviendas construidas sobre suelo público municipal.
No se trata de excluir a nadie. Se trata de preguntarse cuál era el objetivo original de la operación.
Si el Ayuntamiento cede suelo municipal para facilitar vivienda asequible, parece razonable pensar que una de las prioridades debería ser ayudar a resolver las necesidades residenciales de sus propios vecinos. Especialmente de aquellos jóvenes que han crecido en El Puig y que, debido al encarecimiento constante de la vivienda, se ven obligados a marcharse a otros municipios más económicos o a prolongar durante años su estancia en casa de sus padres.
La pérdida progresiva de población joven es uno de los grandes desafíos de muchas localidades del área metropolitana de Valencia. Cuando los hijos no pueden vivir donde nacieron, cuando formar una familia en el propio municipio se convierte en un lujo, el problema deja de ser exclusivamente inmobiliario para convertirse en un problema social y demográfico.
Por supuesto, cualquier incremento en la oferta de vivienda es positivo. Construir siempre es mejor que no construir. Y nadie puede negar que 206 nuevas viviendas ayudarán a aumentar el parque residencial de El Puig.
Sin embargo, una cosa es aumentar la oferta y otra muy distinta resolver el problema de la accesibilidad.
La vivienda protegida debería ser sinónimo de oportunidad. Debería permitir que quienes se han quedado fuera del mercado encuentren una puerta de entrada. Debería representar una alternativa real a unos precios cada vez más inalcanzables. Cuando una promoción protegida exige el mismo esfuerzo económico que muchas viviendas del mercado libre, es legítimo preguntarse si el sistema está cumpliendo el objetivo para el que fue diseñado.
Porque al final la cuestión no es cuántas viviendas se construyen ni cuántos metros cuadrados tienen. La verdadera pregunta es mucho más sencilla: ¿pueden permitírselas aquellos para quienes supuestamente fueron creadas?
Y, viendo los precios anunciados, muchos vecinos tienen la sensación de que la respuesta es no. La sensación de que una oportunidad que nació para facilitar el acceso a la vivienda corre el riesgo de convertirse en un producto inaccesible para gran parte de los jóvenes y familias de El Puig.
Si unas viviendas protegidas construidas sobre suelo público alcanzan precios cercanos a los 300.000 euros y ni siquiera reservan una prioridad clara para los vecinos empadronados, quizá ha llegado el momento de abrir un debate sereno pero necesario. Porque la vivienda protegida no debería juzgarse por lo bonita que sea la promoción, sino por cuántas personas consigue ayudar realmente a construir un proyecto de vida.
