La Policía Nacional ha desarticulado un sistema de empadronamientos fraudulentos que operaba desde una vivienda de El Puig de Santa Maria y que permitía a ciudadanos en situación irregular obtener documentación mediante inscripciones falsas en el padrón municipal. La operación se ha saldado con la detención de dos hombres, de 38 y 55 años, acusados de cobrar entre 150 y 800 euros por registrar a personas que no residían en el domicilio.
Una vivienda convertida en un “centro de empadronamientos”
La investigación se inició tras detectar que en un mismo inmueble figuraban 18 personas empadronadas, una cifra incompatible con la capacidad real de la vivienda. Doce de los inscritos eran ciudadanos extranjeros que, según la Policía, habrían pagado diversas cantidades al propietario para obtener un certificado de empadronamiento que les permitiera iniciar trámites de regularización administrativa.
Los agentes comprobaron que la vivienda presentaba condiciones muy deficientes de habitabilidad, llegando a carecer de suministro eléctrico y agua corriente en distintos momentos. Para los investigadores, este estado confirma que el inmueble no se utilizaba como residencia real, sino como herramienta para facilitar empadronamientos irregulares a cambio de dinero.
Un intermediario y un negocio basado en la necesidad
Durante la operación se identificó a un segundo implicado que actuaba como intermediario, poniendo en contacto a ciudadanos extranjeros con el propietario del domicilio. Ambos, según la Policía, se lucraban aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de personas que buscaban vías para obtener documentación en España.
La investigación concluye que los detenidos habrían cometido delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y estafa, al obtener un beneficio económico mediante un procedimiento fraudulento.
Los dos hombres fueron arrestados en Sagunt y trasladados a dependencias policiales para prestar declaración. Tras ello, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.
La Policía recuerda que este tipo de prácticas no solo constituyen un delito, sino que también generan un perjuicio para los servicios públicos y para las personas que, en situación de necesidad, acaban siendo víctimas de redes que se lucran a su costa.
