La vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad. Los precios del alquiler se han disparado, comprar una vivienda resulta cada vez más complicado y miles de jóvenes retrasan año tras año su emancipación porque simplemente no llegan a fin de mes. En este contexto, las administraciones públicas tienen la obligación de impulsar políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna y asequible.
Precisamente con ese objetivo nació el Plan Vive, una iniciativa concebida para aprovechar suelo público y aumentar la oferta de vivienda protegida. Sobre el papel, pocas medidas parecen más lógicas: si el mercado no consigue responder a las necesidades de la ciudadanía, las instituciones intervienen para generar oportunidades allí donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema.
En El Puig, ese compromiso se tradujo en la cesión de varias parcelas municipales por parte del Ayuntamiento. Terrenos que forman parte del patrimonio colectivo de todos los vecinos y que fueron puestos a disposición de la Generalitat para impulsar nuevas promociones de vivienda protegida.
La noticia de la comercialización de las primeras 206 viviendas protegidas debería ser, sin duda, motivo de satisfacción. Cualquier incremento de la oferta residencial es positivo. Más viviendas significan más oportunidades y una mayor capacidad para responder a la demanda existente.
Sin embargo, una cosa es aumentar la oferta y otra muy distinta resolver el problema de la accesibilidad.
Porque cuando se conocen los precios anunciados surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto estas viviendas son realmente asequibles para las personas a las que, en teoría, van dirigidas?
La promoción incluye viviendas de calidad, eficientes energéticamente, con garaje, trastero, piscina y zonas comunes. Nadie discute las prestaciones del proyecto. Tampoco la necesidad de construir vivienda nueva. Pero el debate no gira en torno a la calidad de la promoción. El verdadero debate es si una vivienda protegida puede cumplir su función social cuando algunas unidades alcanzan precios cercanos a los 275.000 euros y el desembolso total para el comprador puede aproximarse o incluso superar los 300.000 euros una vez sumados impuestos, gastos y equipamiento.
La esencia de la vivienda protegida nunca fue competir con promociones privadas de nivel medio. Su razón de ser era ofrecer una alternativa a quienes no podían acceder al mercado libre.
Y ahí es donde aparecen las dudas.
Resulta difícil ignorar la realidad económica de muchos jóvenes. Salarios que apenas superan los 1.200 o 1.500 euros mensuales, contratos laborales marcados por la incertidumbre y exigencias bancarias cada vez mayores para acceder a financiación. En ese contexto, incluso una vivienda protegida de un dormitorio cuyo precio supera ampliamente los 160.000 euros sin gastos queda muy lejos de las posibilidades de una parte importante de la población.
Quizá el problema no sea que estas viviendas sean caras en comparación con otras promociones de nueva construcción. Quizá el problema sea que la distancia entre los ingresos reales de muchos jóvenes y el precio de la vivienda continúa siendo demasiado grande.
Y esa es una reflexión que merece hacerse.
Pero existe además otro aspecto que alimenta el debate: ¿tendrán realmente prioridad los vecinos de El Puig para acceder a estas viviendas?
A día de hoy, la respuesta no está clara. La promotora ha anunciado ya la comercialización de las viviendas y ha hecho públicos sus precios, tipologías y características, pero todavía no se han dado a conocer de forma detallada los criterios concretos de adjudicación que regirán el acceso a la promoción.
Como ha ocurrido en otros procesos de vivienda protegida desarrollados en distintos municipios, las viviendas no se adjudican por orden de llegada ni por orden de inscripción. Habitualmente existe un sistema de baremación que establece prioridades entre los solicitantes en función de diferentes criterios sociales, económicos y personales.
Entre esos criterios suele valorarse el empadronamiento en el municipio, aunque queda por ver qué peso tendrá realmente en el caso de El Puig y si será suficiente para garantizar una prioridad efectiva a quienes llevan años residiendo en la localidad.
Precisamente esa falta de información genera incertidumbre entre muchos vecinos. Porque resulta llamativo que se haya anunciado la venta de las viviendas e incluso sus precios antes de que la ciudadanía conozca con detalle cómo será el procedimiento de adjudicación y qué factores determinarán quiénes tendrán más opciones de acceder a ellas.
En procesos similares, el empadronamiento ha llegado a valorarse con 0,5 puntos por año de residencia hasta un máximo de 2,5 puntos. Una circunstancia que abre otro debate. Porque, con ese sistema, obtendría exactamente la misma puntuación una persona que lleve cinco años empadronada en la localidad que otra cuya familia haya vivido aquí durante generaciones.
No se trata de excluir a nadie. Tampoco de impedir que nuevos vecinos puedan establecerse en el municipio. La cuestión es si una promoción construida sobre suelo público municipal, cedido precisamente para facilitar el acceso a la vivienda, debería reconocer de forma más significativa la vinculación histórica, familiar y continuada con El Puig.
Porque si existe una finalidad social detrás de la cesión de terrenos públicos, parece razonable preguntarse si esa actuación debe servir también para ayudar a quienes llevan años viendo cómo el precio de la vivienda les obliga a abandonar el lugar donde crecieron.
La dificultad de los jóvenes para permanecer en sus municipios de origen se ha convertido en un fenómeno cada vez más habitual. No poder vivir donde uno ha nacido, donde están la familia, los amigos y las raíces, deja de ser únicamente un problema inmobiliario para convertirse en una cuestión social y demográfica.
Sin embargo, quizá el aspecto más llamativo de todo este proceso no sea ni siquiera el precio o el sistema de puntuación.
Lo realmente sorprendente es que la primera información que muchos vecinos hayan recibido sobre esta promoción haya sido la relacionada con su comercialización.
Antes de que buena parte de la ciudadanía conozca en detalle cómo funcionará el proceso de adjudicación, qué criterios tendrán más peso o cómo se resolverán las solicitudes, la promotora ya ha hecho públicos los precios y las características de las viviendas.
Y eso contribuye a generar una sensación difícil de evitar: que el foco de atención se ha situado antes en el producto inmobiliario que en la finalidad social que justifica su existencia.
Probablemente sería deseable una mayor explicación pública sobre los procedimientos, los requisitos, la baremación y las prioridades de acceso. No porque exista necesariamente nada incorrecto en el proceso, sino porque cuando se habla de vivienda protegida la transparencia resulta tan importante como la propia construcción de las viviendas.
Al final, el verdadero debate no consiste en discutir si las viviendas son bonitas, modernas o eficientes. Tampoco en cuestionar la necesidad de construir más.
La pregunta es mucho más sencilla.
¿Pueden acceder a ellas las personas para las que fueron concebidas?
Porque la vivienda protegida no debería evaluarse únicamente por el número de viviendas que genera ni por la calidad de las promociones que impulsa. Su éxito debería medirse por algo mucho más importante: la capacidad real de ofrecer oportunidades a quienes han quedado fuera del mercado, de permitir que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida en su propio municipio y de convertir el suelo público en una herramienta al servicio del interés general.
Y si una parte significativa de la ciudadanía percibe que ese objetivo todavía está lejos de alcanzarse, quizá no estemos ante una crítica a una promoción concreta, sino ante una reflexión más profunda sobre qué entendemos hoy por vivienda asequible, qué papel debe desempeñar el suelo público y si las políticas diseñadas para garantizar el acceso a la vivienda están respondiendo realmente a las necesidades de quienes más las necesitan. Porque cuando una vivienda protegida cuesta casi lo mismo que muchas viviendas del mercado libre, el debate deja de ser urbanístico para convertirse en una cuestión de fondo: si estamos construyendo viviendas asequibles o simplemente viviendas nuevas con una etiqueta diferente.
