El incendio de la Vall d’Uixó ha dejado una escena que ya conocemos demasiado bien: mientras los bomberos luchaban contra las llamas y los medios aéreos descargaban agua, en paralelo se extendía otro fuego, más rápido y más tóxico. Es el fuego de la desinformación. Todavía no se conoce el responsable ni la motivación del incendio. No hay informe técnico definitivo, no hay investigación cerrada, no hay datos concluyentes. Sin embargo, desde el primer minuto ya circulaban teorías que aseguraban que el fuego respondía a intereses ocultos.
Es cierto que hay indicios que hacen pensar que el incendio pudo ser intencionado, especialmente por la aparición casi simultánea de tres focos en la misma zona. Pero también es cierto que las autoridades competentes han reconocido que la investigación está en marcha y que todavía no se ha detenido a nadie ni se conoce al responsable. En este punto, la prudencia es obligatoria. Los indicios orientan, pero no sentencian. Las sospechas ayudan a investigar, pero no sustituyen a las pruebas.
En ese clima de incertidumbre, un documento del BOE se ha difundido como la pólvora por redes sociales. El anuncio complementario del proyecto fotovoltaico Arada Solar ha sido compartido miles de veces, arrancado de su contexto y utilizado como supuesta prueba de una conspiración. El BOE detalla la instalación de una planta fotovoltaica en varios municipios, entre ellos la Vall d’Uixó, pero eso no convierte el proyecto en la causa del incendio.
La coincidencia geográfica no es causalidad. La existencia de un trámite administrativo no es una motivación. La publicación en el BOE no es un indicio. Convertir un documento técnico en una teoría conspirativa es una irresponsabilidad que añade ruido a una situación ya compleja. El problema no es el BOE, sino cómo se ha utilizado para alimentar sospechas sin fundamento.
A esta narrativa se sumó otra igual de recurrente: la de que “no se pueden limpiar los montes”. Es un argumento que aparece cada verano y que señala a los ecologistas, a las políticas ambientales y a la normativa forestal como responsables automáticos de cualquier incendio. La realidad es muy distinta. La Ley de Montes no impide la limpieza, el desbroce, la retirada de biomasa ni el mantenimiento de cortafuegos. El problema es la falta de inversión, la despoblación rural y la ausencia de actividad agrícola y ganadera.
Los bulos prenden rápido porque ofrecen respuestas inmediatas a problemas complejos. En un incendio hay miedo, incertidumbre y una necesidad urgente de explicación. En ese vacío emocional, la desinformación encuentra terreno fértil. Los bulos son rápidos, sencillos y fáciles de compartir. Las redes sociales premian la indignación, no la verificación. La desinformación no es inocua: desvía la atención, genera polarización, dificulta la labor de los servicios de emergencia y erosiona la confianza pública.
El incendio de la Vall d’Uixó demuestra que nuestros montes necesitan prevención, gestión activa y recursos. Pero también demuestra que nuestra sociedad necesita criterio, calma y responsabilidad informativa. El fuego se apagará con medios y técnica. La desinformación solo se apagará con pensamiento crítico. Cada mensaje compartido sin comprobar alimenta un incendio que no se combate con helicópteros ni con retenes forestales.
La Sierra de Espadán ha sufrido un fuego devastador. Pero el daño que puede causar la desinformación es igual de profundo. El monte se recuperará con tiempo. La confianza pública, si se erosiona, tarda mucho más en volver a crecer.
