El 2 de septiembre, día de Ceuta, nunca ha sido una fecha menor en el calendario español. Es una jornada que celebra la identidad de una ciudad estratégica, plural y profundamente española, pero este año llega marcada por un episodio que ha sacudido la vida de miles de ciudadanos y ha puesto a prueba la capacidad del Estado para proteger su territorio y a quienes lo habitan. El asalto masivo de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos, que cruzaron la frontera de forma ilegal, no puede presentarse como un hecho aislado ni como una simple crisis humanitaria. La verdadera crisis humanitaria ha sido la que se ha generado dentro de Ceuta, donde una ciudad entera ha visto alterado su día a día, sus servicios, su seguridad y su estabilidad. Informes policiales —ya en manos de la justicia— apuntan a la gendarmería marroquí y a estructuras del gobierno de Marruecos como posibles instigadores de este movimiento masivo, lo que situaría el episodio en un plano de enorme gravedad institucional que exige una respuesta de Estado.
Y es precisamente aquí donde conviene recordar que defender las fronteras de España no es una cuestión de derechas ni de izquierdas. Es una obligación constitucional, ética y moral. Proteger a nuestros compatriotas ceutíes tampoco debería ser un debate ideológico. Garantizar su seguridad, su forma de vida, sus servicios públicos, su estabilidad emocional y su sentimiento de pertenencia es un deber que compete a todos, independientemente de la ideología. Ceuta es España, y los ceutíes son españoles que viven bajo la presión constante de los anhelos de Rabat, que nunca ha ocultado su deseo de anexionar Ceuta y Melilla. Ante esa amenaza, la respuesta no puede ser tibia ni fragmentada. Se necesita unidad institucional, coordinación, responsabilidad y sentido de Estado, porque hay cuestiones que no admiten trincheras partidistas.
Del mismo modo, la inmigración tampoco debería ser una cuestión ideológica. Los flujos migratorios son necesarios, enriquecen las sociedades y permiten que personas de otros países encuentren oportunidades y construyan un proyecto de vida lejos de su tierra. Migrar no es fácil: implica valentía, sacrificio y esperanza. Pero la inmigración ilegal es otra cosa. Y la crisis de Ceuta no responde al fenómeno migratorio voluntario, sino a una estrategia política que, según diversas investigaciones, podría buscar sustituir población española por población marroquí en la ciudad autónoma. Cada vez más partidos europeos, de todas las ideologías, coinciden en que si queremos proteger nuestra forma de vida, nuestras costumbres y nuestros servicios públicos, es necesario controlar el número de inmigrantes que recibimos y garantizar que quienes lleguen lo hagan de forma legal, con voluntad de trabajar, contribuir y adaptarse a la sociedad que los acoge. No es una cuestión de rechazo, sino de sentido común. Los recursos públicos son limitados. Los servicios se financian con impuestos de quienes trabajan. Si están diseñados para una población determinada y esta aumenta de forma súbita, el sistema se tensiona, la calidad baja y la presión fiscal sube. No es ideología: es aritmética.
Mientras tanto, los ceutíes han visto cómo 80.000 personas entraban de forma ilegal en su ciudad, cómo su rutina se desbordaba y cómo su espacio vital se transformaba en cuestión de horas. Muchos sienten que la ciudad que aman ya no les pertenece, que se ha roto un equilibrio que tardará tiempo en recomponerse. Por solidaridad, por obligación moral y por responsabilidad legal, España debe estar con ellos. Defender todo el territorio nacional no es una opción ideológica: es un deber. Y los políticos deben entender que hay asuntos que no pueden utilizarse para hacer política, que exigen remar juntos, sin siglas, sin cálculo electoral, sin ruido.
Ceuta es una ciudad donde conviven culturas, religiones y tradiciones. Es un punto de encuentro, un puente entre continentes y un símbolo de la pluralidad española. Pero también es una frontera viva, una línea que separa dos modelos de sociedad, dos sistemas políticos y dos concepciones del Estado. Los ceutíes viven con la sensación permanente de estar en primera línea. Saben que su ciudad es estratégica. Saben que su presencia allí es, en sí misma, un acto de afirmación nacional. Por eso, cuando la frontera se rompe, no solo se rompe un perímetro físico: se rompe la confianza, la estabilidad y la percepción de seguridad de toda una comunidad.
Y si fuimos capaces de parar una vuelta ciclista porque competía un equipo israelí cuyos corredores no tenían relación alguna con las decisiones de su gobierno, ¿cómo no vamos a ser capaces de llenar las plazas de España en defensa de nuestros compatriotas y de nuestras fronteras? Una vez más, parece cuestión de sentido común, ese recurso que, paradójicamente, se ha convertido en el menos frecuente en tiempos donde todo exige carnet y trinchera. Hoy en Ceuta no es un día cualquiera. Y este 2 de septiembre, más que nunca, debería recordárnoslo.
